Desmantelamiento de la granja de minería en Aragua

El 18 de mayo de 2026, el gobierno de Aragua llevó a cabo un operativo que resultó en el desmantelamiento de una granja de minería de Bitcoin en la Zona Industrial de San Vicente. Esta instalación albergaba aproximadamente 4.000 equipos ASIC, principalmente del modelo Whatsminer M30S, y consumía cerca de 10 megavatios, lo que generó un impacto importante en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Acciones de las autoridades Las autoridades alegaron que la granja operaba de manera ilegal y afectaba gravemente el suministro eléctrico en la región, por lo que se decidió su desmantelamiento bajo la supervisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y otras instituciones locales. La gobernadora de Aragua y el viceministro de Energía Eléctrica estuvieron presentes durante la operación.

Justificación del desmantelamiento El viceministro de Energía, Vianney Rojas, mencionó que la granja alteraba la estabilidad del suministro eléctrico y que su consumo intensivo era responsable de daños en las infraestructuras eléctricas. Este desmantelamiento forma parte de las acciones del gobierno venezolano para controlar la minería de criptomonedas ante la crisis energética que enfrenta el país.

“Las operaciones clandestinas están siendo monitoreadas y penalizadas para salvaguardar nuestro sistema eléctrico.” - Vianney Rojas

Contexto y medidas del Estado

Las acciones del gobierno de Venezuela para desmantelar granjas de minería se han incrementado, con incentivos para denunciar actividades ilícitas y recompensas de hasta 1.000 dólares por información que conduzca a la identificación de estas instalaciones. Este enfoque ha provocado un debate sobre la eficiencia de las medidas de control en el sector energético del país.

Más operativos recientes El desmantelamiento en Aragua no fue un caso aislado; el 13 de mayo, en el estado Miranda, se desmanteló otra granja que operaba en una vivienda, con la incautación de 204 equipos de minería. Las intervenciones reflejan una estrategia sistemática del Estado para eliminar el uso de criptomonedas en una economía ya debilitada por las fallas en el suministro eléctrico.

Las medidas de fiscalización sugieren un futuro incierto para la minería de Bitcoin en Venezuela, donde se espera que los controles se mantengan estrictos en un contexto de crisis energética persistente y uso ilegal de recursos públicos.