Paraguay impone nuevas restricciones a usuarios de criptomonedas

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La reciente resolución de la DNIT en Paraguay ha generado una ola de críticas entre los usuarios de criptomonedas. Expertos advierten que las nuevas exigencias podrían desalentar la inversión y dificultar el uso de Bitcoin y otras criptomonedas en el país.

Paraguay impone nuevas restricciones a usuarios de criptomonedas

La situación del mercado cripto en Paraguay se ha vuelto crítica después de que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) publicara la Resolución General N° 47/26, que requiere un reporte exhaustivo de todas las operaciones con activos digitales para el ejercicio fiscal 2026. Bruno Vaccotti, Director de la Cámara Paraguaya de Fintech, ha señalado los tres principales problemas que plantea esta regulación:

  1. Identificación de contrapartes P2P: La resolución exige que cada usuario identifique a la contraparte de cada transacción, lo que contradice la naturaleza anónima y descentralizada de las criptomonedas. Este requerimiento podría criminalizar el uso de Bitcoin para transacciones cotidianas.
  2. Notificación a contratos inteligentes: La DNIT solicita identificar a responsables de contratos inteligentes, cuando estos son automáticamente ejecutables y no tienen un representante legal. Esto plantea un gran reto jurídico, dado que un algoritmo no puede ser tratado como una entidad comercial.
  3. Valoración contable dual: La regulación exige que se declare el valor en guaraníes al momento de cada transacción, sin un sistema oficial que conecte las plataformas de criptoactivos. Esto hace que el cumplimiento sea costoso y difícil, afectando especialmente a pequeños ahorradores.

Los expertos temen que estas exigencias dañen la competitividad de Paraguay, que ha logrado atraer inversiones significativas en minería de criptomonedas, y que la regulación desviará capitales hacia mercados más flexibles como Brasil o Argentina. ⚠️ Ante la falta de análisis de impacto económico previo, la comunidad cripto mantiene un ambiente de incertidumbre, cuestionando si el gobierno podrá balancear sus necesidades fiscales con la creación de un entorno amigable para las inversiones en activos digitales.