Un cambio legal para destrabar fondos

El Salvador estaría acelerando la aprobación de una nueva ley Bitcoin con el objetivo de cumplir con las condiciones exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según trascendió, el gobierno de Nayib Bukele buscaría modificar el marco legal vigente para avanzar en el acuerdo financiero que el organismo viene negociando con el país centroamericano.

Qué cambiaría respecto a la ley original

La reforma revocaría uno de los puntos más polémicos de la ley Bitcoin sancionada en 2021: la obligación de que los comercios acepten Bitcoin como medio de pago. Aquella norma pionera había generado resistencia dentro del propio FMI, que la señaló como un obstáculo para destrabar el financiamiento que El Salvador necesita para sostener sus cuentas públicas.

Con este ajuste, el uso de Bitcoin pasaría a ser voluntario para los negocios, en lugar de una imposición legal, algo que el organismo multilateral venía reclamando desde hace tiempo como condición para avanzar con el desembolso de fondos.

El trasfondo del acuerdo con el FMI

El Salvador lleva meses negociando un programa de asistencia financiera con el FMI, que incluye distintas exigencias vinculadas a la política Bitcoin del país. El organismo había expresado reiteradas preocupaciones sobre los riesgos fiscales y de estabilidad financiera que implica la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal, además de cuestionar las compras de BTC que el Estado salvadoreño realizó con fondos públicos.

Bukele, en cambio, mantuvo una postura firme a favor de la estrategia Bitcoin desde el inicio de su gobierno, presentándola como una apuesta de largo plazo para atraer inversión y turismo, aunque en la práctica la adopción entre comercios y ciudadanos resultó limitada.

Qué significa para la relación entre Bitcoin y los Estados

Este movimiento marcaría un punto de inflexión en la experiencia salvadoreña, que había sido celebrada por gran parte de la comunidad cripto como un experimento audaz de adopción estatal de Bitcoin. Ceder ante las exigencias del FMI implicaría, en los hechos, un repliegue parcial de aquella apuesta inicial, aunque el gobierno podría mantener sus reservas de Bitcoin y su discurso público a favor de la criptomoneda.

Relevancia para la región

Para Argentina y otros países de la región que miran de cerca la experiencia salvadoreña como antecedente de adopción estatal, este giro normativo funciona como una señal de advertencia sobre los límites que imponen los organismos financieros internacionales a las políticas cripto soberanas, especialmente cuando un país depende de su financiamiento.

Fuente: Cointelegraph en Español.