Nueva Regulación en Costa Rica para Criptoactivos

El pasado 25 de mayo de 2026, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó, por unanimidad, una reforma a la Ley 7786, que impone nuevas obligaciones a los proveedores de servicios de activos virtuales. Esta legislación busca avanzar en la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, respondiendo a presiones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La nueva normativa exige a los proveedores inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), lo cual no otorga una autorización automática para operar. Las principales obligaciones que deben cumplir incluyen:

• Identificación de clientes y beneficiarios finales.
• Mantenimiento de registros de transacciones.
• Reporte de actividades sospechosas al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Esta regulación es un paso necesario para evitar que Costa Rica sea incluida en la lista gris del GAFI, lo que podría afectar su acceso a préstamos internacionales. Aunque la ley ha sido bien recibida, también se ha señalado su insuficiencia para brindar seguridad jurídica al ecosistema cripto del país. La Asociación Blockchain de Costa Rica (Asoblockchain) ha iniciado una consulta pública sobre un nuevo marco legal que busca mejorar la regulación existente.

A medida que se implementen estas normas, queda por ver cómo afectarán la operación de las startups y las empresas cripto en el país, y si se logrará un equilibrio entre el crecimiento del sector y la protección contra el crimen financiero.